La instalación oculta de programas informáticos de seguimiento, el uso de keyloggers para capturar claves de acceso o el rastreo no consentido de dispositivos móviles constituye una violación grave de los derechos fundamentales. Ya sea en diligencias instruidas ante los Juzgados de la capital oscense o en las comarcas atendidas por los Juzgados de Jaca, Boltaña, Barbastro, Monzón o Fraga, o en cualquier punto del territorio nacional, la investigación por delito de interceptación de datos y facilitación de programas espía exige una estricta fiscalización técnico-forense.
El Código Penal sanciona en sus artículos 197 bis y 197 ter la producción, adquisición, uso o facilitación de herramientas concebidas para vulnerar las medidas de seguridad e interceptar transmisiones privadas.
El ordenamiento penal castiga de forma autónoma tanto el acceso no autorizado a sistemas informáticos como la mera posesión o utilización de programas ideados para espionaje.
En los procedimientos incoados ante los Juzgados de Instrucción o de Violencia sobre la Mujer de Huesca, Jaca, Boltaña, Barbastro, Monzón o Fraga, la controversia pivota sobre la integridad del dispositivo analizado.
Afrontar una causa penal por uso de programas espía o activar las acciones judiciales para frenar una intromisión ilícita en sus dispositivos requiere una dirección letrada que fusione el rigor penal con la pericia tecnológica.
Desde nuestro despacho, ejercemos la acusación particular y la defensa técnica ante todos los juzgados de la provincia de Huesca y en los tribunales del resto de España.
¿Sospecha la presencia de software espía en sus dispositivos o es investigado por delito de ciberespionaje en Huesca, Jaca, Boltaña, Barbastro, Monzón o Fraga?
Tenga en cuenta que cada procedimiento penal por delito informático es único y presenta circunstancias tecnológicas, periciales y procesales totalmente singulares; por ello, la articulación de una estrategia de extracción forense o defensa adecuada y efectiva exige un estudio analítico e individualizado de su caso particular.
Valore de inmediato su situación procesal con un asesoramiento penal técnico antes de que la prueba digital se degrade o manipule.