La edificación, construcción o realización de obras no autorizadas en suelo no urbanizable o de especial protección constituye un riesgo de primera magnitud para promotores, constructores y particulares. Ya sea en diligencias instruidas ante los Juzgados de la capital oscense o en los partidos judiciales con fuerte presión turística, forestal y agropecuaria de Jaca, Boltaña, Barbastro, Monzón o Fraga, o en cualquier punto del territorio nacional, la investigación por un delito contra la ordenación del territorio (Art. 319 CP) exige un abordaje letrado especializado que fusione el Derecho Penal con la disciplina urbanística autonómica y municipal.
El Código Penal sanciona tanto la realización de obras ilegalizables como el otorgamiento de licencias contrarias a la normativa por parte de autoridades o funcionarios.
El ordenamiento penal reserva las sanciones más severas para aquellas conductas que alteran de forma irreversible la clasificación y el destino del suelo protegido.
En las causas instruidas ante los Juzgados de Instrucción de Huesca, Jaca, Boltaña, Barbastro, Monzón o Fraga, la contienda procesal se centra en evitar la demolición y desvirtuar el dolo.
Afrontar una querella o atestado del SEPRONA por delito urbanístico requiere una dirección letrada garantista con experiencia en litigiosidad penal-económica e inmobiliaria.
Desde nuestro despacho, ejercemos la defensa técnica de promotores, constructores y propietarios ante todos los juzgados de la provincia de Huesca y en los tribunales del resto de España.
¿Ha recibido una citación judicial por delito urbanístico o amenaza de demolición de obra en Huesca, Jaca, Boltaña, Barbastro, Monzón o Fraga?
Tenga en cuenta que cada procedimiento penal por el artículo 319 del Código Penal es único y presenta circunstancias urbanísticas, técnicas y procesales totalmente singulares; por ello, la articulación de una estrategia de legalización o defensa adecuada y efectiva exige un estudio analítico e individualizado de su caso particular.
Valore de inmediato su situación procesal con un asesoramiento penal técnico antes de prestar declaración ante la Autoridad Judicial.